Sería la primera vez en la historia centenaria de esta inspección de trabajo y seguridad social que sus profesionales van a la huelga
«Entramos en una fase de conflicto», es una de los mensajes en estos momentos secundan CCOO, CSIF, UGT y CIG junto a otras organizaciones que representan a la inspección como Sindicato de Inspectores de Trabajo (UPIT), los subinspectores de empleo agrupados en FESSES y los subinspectores de prevención integrados en SISLASS.
La Inspección de Trabajo anunciará el próximo martes qué medidas a nivel de conflicto está dispuesta a poner en marcha después de seis meses de mutismo del Ministerio de Trabajo, en los que su titular Yolanda Díaz, y su secretario de Estado, Joaquín Pérez, no han podido concretar el acuerdo cerrado el pasado mes de julio con el Ministerio de Hacienda que garantizaba unas mejoras sensibles a este colectivo.
Según ha podido saber Confilegal es previsible que esta plataforma reivindicativa agote todas las vías de negociación con el Ministerio de Trabajo, lo que supondría que de no resolverse la situación con más refuerzo de personal y medios tecnológicos, los paros podrían empezar a desarrollase a partir del mes de febrero.
Sería la primera vez en la historia centenaria de esta inspección de trabajo y seguridad social que sus profesionales van a la huelga.
En los últimos meses la ministra Díaz no ha hecho más que anunciar nuevas iniciativas: Plan Estratégico para la Inspección de Trabajo para los próximos dos años, donde ya se implementan actas automatizadas, plan contra accidentes mortales o el último sobre el trabajo forzoso.
Desde el pasado mes de octubre no ha habido contacto directo entre las partes para resolver esta problemática. Al parecer los problemas proceden de Hacienda que no da el visto bueno para abordar los modelos organizativos que se pactaron el pasado mes de julio entre el Ministerio y estas organizaciones.
“No hay ningún anuncio de que se vaya a reforzar la plantilla y a dotarnos con más medios técnicos”, aclara Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, quien ve complicado que este colectivo de cerca de 1.800 profesionales pueda gestionar la reforma laboral que se avecina.
Para Josetxo Gándara, de CCOO, “cada día que pasa la relación cargas de trabajo y plantilla del organismo empeora llegándose a un punto en donde va a resultar imposible seguir sujetando una gestión y unos objetivos en donde, para este gobierno, parece más importante anunciarlos que realizarlos”.
Desde esta plataforma reivindicativa se denuncia que en la actualidad las carencias que se manifiestan en el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han llegado a un punto en donde pueden poner en cuestión los objetivos de la misma y el servicio público que debe garantizarse desde dicha institución.
«Todas estas iniciativas que plantea el Ministerio es posible que sean necesarias, pero sin un refuerzo de plantilla ni de medios técnicos no se pueden realizar y estaremos lejos de crear la inspección de Trabajo del Siglo XXI, como señalaba la ministra recientemente”, afirma Miguel Ángel Montero, inspector de trabajo adscrito al sindicato CSIF.
Las organizaciones que representan a este colectivo coinciden en que hay un problema organizativo importante. El Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo sigue vacío de contenido.
Y recuerdan que se llevan esperando seis años desde la publicación de la Ley ordenadora del Sistema de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fecha de hoy las referencias a oficinas y resto de unidades especializadas no deja de ser una afirmación, en buena medida, vacía de contenido.
Para Gándara, uno de los déficits claros tiene que ver con la carencia de una estructura tecnológica propia, “no se puede hablar de modernidad y agilidad futura soportada en la informática, en las comunicaciones y en la gestión del conocimiento suena a cuento cuando en estos momentos se carece de la más mínima infraestructura o de un simple departamento de informática”.
Al mismo tiempo aclara que el ataque informático que sufrió el Ministerio y que repercutió en la inspección comprometió el modelo de trabajo y deja secuelas más de seis meses después.
Demasiados mensajes sin contenido
Para Montero es loable que la ministra Diaz alabe el tesón y la entrega de cada efectivo de la Inspección, solo gracias a dicho sobreesfuerzo se ha podido responder a las necesidades de un mercado laboral cada día más complejo, pero «es preocupante que la dirección de este ministerio se instale en este tipo de mensajes y no sea capaz de defender las soluciones necesarias para esta institución ante aquellos otros ministerios que tienen responsabilidad en las mismas».
“No podemos quedarnos en el estadio de anunciar medidas, pero luego no concretarlas. Entrar en estos niveles hipocresía nos engaña a todos y realmente los inspectores podemos llegar a pensar si además de la propaganda que se hace nosotros servimos para algo”, señala Gándara.
Ercoreca recuerda a Confilegal que en el mes de julio de este año se alcanzó un acuerdo, con la participación de toda la representación sindical y profesional de la ITSS, capaz de dar respuesta a todas las carencias descritas.
“Se ha sido paciente en extremo, pero no deja de ser un despropósito que seis meses después se nos pretenda explicar que todo se encuentra en fase de estudio”, subraya.
Por su parte, Josetxo Gándara cree que en este tipo de situaciones se ve la debilidad del Ministerio de Trabajo frente a otros, como el Ministerio de Hacienda, incapaz de defender el acuerdo que suscribió con todo el colectivo.
“Creemos que no es un problema de dinero, porque los costes económicos están bastante calculados. La propuesta que se firmó en julio no buscaba tanto una mejora económica como garantizar una serie de recursos adecuados y una organización que respondiera a la realidad”, advierte.
Gestionar una realista reforma laboral
Montero revela que “en estos últimos meses no ha habido ningún avance y el apagón informativo es importante. La reunión con el secretario de Estado del mes de octubre sirvió para comprobar que Hacienda está en contra del nuevo modelo organizativo que pactamos con el Ministerio. Desde esa fecha no hemos tenido noticias de ningún tipo”.
También aclara que con la aprobación del Plan Estratégico del Ministerio de Trabajo hace dos semanas, “tenemos más obligaciones lo que va a suponer tener que realizarse una reforma legislativa para que podamos asumir esas nuevas competencias. Pero no se plantean refuerzos de la plantilla ni mejora en cuanto a medios técnicos. No puede seguirse así”.
Por su parte, Ercoreca subraya que “se está hablando mucho de la reforma laboral que se avecina, pero poco de los medios que se necesitarían para poder gestionarla. Es necesario cuantificarlos para que dicha reforma sea realista”.
A su juicio, “hemos intentado evitar la vía de conflicto hasta el último momento, pero pesa en el colectivo una sensación de cansancio, decepción y enfado porque no se han mejorado nuestras condiciones de trabajo, pese a las nuevas responsabilidades. En este momento no descartamos convocar una huelga”.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo reconocía hace unos días a través de su cuenta de Twitter, la labor de la Inspección de Trabajo, que ha conseguido transformar más de 300.000 contratos temporales en indefinidos en lo que va de año.
«El trabajo contra la temporalidad es un objetivo de país. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para reducirla al máximo y que la prioridad sea el contrato estable», afirmaba la ministra en su mensaje en la red social.
También comentaba que el Gobierno se ha propuesto reducir las tasas de temporalidad en España y espera limitar los contratos temporales a causas muy justificadas. El incremento de multas a partir del 1 de octubre para las empresas va en ese sentido.
Asimismo, recordaba que el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal se encuentran en negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre la reforma laboral, que se espera que incluya cambios sobre la contratación, para que los contratos indefinidos sean ordinarios.
La reforma deberá aparecer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre, como parte del compromiso del Gobierno con Bruselas para la recepción de los fondos europeos.
Habrá que ver cómo se articula y cómo gestionan inspectores y subinspectores de trabajo esta nueva responsabilidad con tantos frentes simultáneos abiertos.
Fuente: Confilegal
