La multinacional almeriense afronta un rosario de litigios después de recibir la primera condena penal por no informar de los peligros del manipulado de sus encimeras
El año 2023 debía ser el del gran salto, el de la consagración en los mercados de una multinacional que factura 1.400 millones al año y está presente en más de 40 países. Medio siglo después de que naciese y con su accionariado en manos de la familia que lo fundó, Cosentino prepara su salida a bolsa sin fecha concreta aún, pero sí a lo largo de 2023. Pero su debut en bolsa podría quedar ensombrecido por un rosario de litigios judiciales de afectados por silicosis que responsabilizan a la empresa por no haber advertido de los riesgos que entraña el manejo de sus encimeros. Una responsabilidad que Cosentino ya ha admitido en uno de esos pleitos, en el que su máximo directivo, Francisco Martínez Cosentino, ha aceptado una condena de seis meses de cárcel tras pagar indemnizaciones que suman 1,1 millones de euros.
Fueron cinco los marmolistas gallegos, uno de ellos ya fallecido, y trabajadores de una empresa local, los que enfermaron tras inhalar los minúsculos cristales que se desprendían cuando cortaban o pulían las superficies con las que trabajaron durante años. Un informe de la Inspección de Trabajo dio pie a la Fiscalía para actuar por lo penal contra la empresa, que ya antes del juicio que estaba señalado para la semana pasada en el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo acordó con los afectados resarcirles por los daños causados. Pese a ello, el Ministerio Público siguió adelante con la acusación y sentó en el banquillo tanto al gerente de la empresa en la que trabajaban los afectados como al responsable de Cosentino. Para este último llegó a pedir más de dos años de prisión por cinco delitos de lesiones por imprudencia grave.
La vista oral, sin embargo, no llegó a celebrarse gracias al acuerdo de conformidad al que llegaron los acusados con la Fiscalía y con los afectados y en virtud del cual Martínez Cosentino admitió su responsabilidad en la silicosis. En concreto, según explica el abogado de los trabajadores, Serapio Martín, la culpa de Cosentino estaría en el hecho de no haber informado del peligro inherente a sus productos a pesar de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, además de otras normativas, le obligaba a ello.
Según la Fiscalía, la multinacional andaluza actuó de una manera “gravemente negligente” al no advertir de los riesgos. Antes al contrario, la ficha de seguridad del producto hacía hincapié en la falta de peligrosidad del mismo.
El empresario -dueño junto a sus hermanos Eduardo y José de la compañía- vio rebajada así la petición del fiscal a los seis meses y tres días a los que finalmente será condenado y tras verse beneficiado por atenuantes como la reparación del daño (por haber pagado las indemnizaciones) y las dilaciones del proceso, que se ha alargado trece años. El juicio quedaba desactivado, pero la asunción de responsabilidad podría traducirse en un aluvión de pleitos y más condenas.
De hecho, en la primera semana de julio, señala el letrado, Cosentino tendrá que afrontar otro juicio, también por la vía penal, en Bilbao, además de decenas de demandas interpuestas por otros tantos afectados en la jurisdicción Social que están pendientes de resolverse, según señala el presidente de la Asociación de Afectados por la Silicosis de Andalucía, Francisco Torrico.
EL PRECEDENTE
La de Vigo es la primera condena penal que recibe Cosentino, pero, añade Serapio Martín, hubo un caso casi calcado en Bilbao en 2017. Entonces, como ahora, la empresa fue acusada de no advertir de los riesgos de sus encimeras, pero la Audiencia Provincial de Vizcaya absolvió al empresario porque el delito había prescrito.
Como ocurrió en Vigo, fue un informe de la Inspección de Trabajo el que derivó en una causa penal pero, a diferencia del pleito gallego, Cosentino se libró de la condena.
Pese a todo lo anterior, el grupo Cosentino mantiene que el acuerdo de conformidad alcanzado en el juzgado de Vigo contempla únicamente la asunción de responsabilidad por «información técnica insuficiente» que habría afectado, añaden desde la empresa almeriense, exclusivamente a los cinco operarios de la marmolería. Por tanto, dice Cosentino, este caso «no es extrapolable a otros procedimientos pasados o futuros».
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Asimismo, insiste en que en otros procesos las sentencias declararon la «corrección» de la información facilitada y recuerda, en este sentido, que son los encargados de las marmolerías «los que tienen la responsabilidad de garantizar que sus trabajadores cuentan con los medios de protección necesarios».
En el caso de la marmolería de Vigo, hace hincapié Cosentino en que a acusación recogía que el negocio «no cumplió ni las más mínimas medidas de seguridad», por lo que ni la información habría sido «de utilidad» para los trabajadores.
Fuente: elmundo.es
