Las trabajadoras del hogar tienen que estar revestidas de los mismos derechos que los trabajadores.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su llegada a una reunión con responsables de CC OO, UGT y colectivos de empleadas de hogar.
Tras el reconocimiento del derecho a paro y a protección contra el despido, las empleadas del hogar buscan una regulación más clara sobre riesgos laborales. “No podemos seguir en unos trabajos donde no tenemos apenas derechos”, señaló Rafaela Pimentel, representante del colectivo de trabajadoras Territorio Doméstico, tras reunirse con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. En la reunión también participaron representantes del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y sindicatos. La ministra ha anunciado que los hogares tendrán que hacer “autoevaluaciones” sobre los riesgos laborales a los que se enfrentan estas trabajadoras.
Tras la reunión, Díaz se refirió a la regulación de las prácticas formativas en las empresas para anunciar que “va a salir con carácter urgente”. La ministra se ha referido al “mal llamado estatuto del becario” para denunciar que el uso inadecuado de las prácticas formativas en las empresas contribuye a la “precariedad laboral”.
En cuanto a la seguridad laboral, uno de los temas clave que se ha tratado en la reunión es cómo debe actuar la inspección de trabajo a la hora de evaluar los peligros profesionales a los que se enfrentan en el día a día las auxiliares y trabajadoras de hogar. Al tratarse de domicilios privados, las auditorías requieren del permiso del dueño del domicilio y la jurisprudencia se enredaba en este punto. Díaz ha señalado el control de riesgos se va a llevar a cabo “a través de autoevaluaciones que tendrán que realizar las personas que desplieguen estos servicios”. En este caso, los hogares que contraten los servicios.
“La propia inspección de trabajo puede pedir todos esos documentos —en este caso las autoevaluaciones— ver qué dolencias tiene la trabajadora, con qué facilidades trabaja en el hogar, etcétera. A partir de ahí operaría la inspección sin necesidad de desplazarse al propio domicilio”, explicó la responsable de Trabajo. En esta línea, Díaz matizó que la nueva regulación “respeta la jurisprudencia constitucional” y preserva “la intimidad del hogar doméstico”. Además, señaló que el nuevo marco legal se ha propuesto en coordinación con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿Por qué las empleadas del hogar tienen menos derechos que el resto de los trabajadores?
Tras la rueda de prensa de la responsable de Trabajo, han intervenido representantes de asociaciones de trabajadoras de hogar y también del Servicio de Ayuda a Domicilio. “No tenemos enfermedades profesionales reconocidas”, apuntó Carmen Diego, secretaria de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda Domicilio. Para Diego la evaluación de riesgos actual no es eficaz y debería llevarse a cabo en cada puesto de trabajo. “Nuestro problema es que trabajamos en domicilios privados, pero esto no exime a los empresarios de su obligación de cuidar de nuestra salud”, concluyó.
Por su parte, Rafaela Pimentel ha aludido a la necesidad de abordar el tema de las enfermedades profesionales. “Queremos que se deje de decir que son enfermedades comunes”. En la misma línea, la representante de las auxiliares de ayuda ha señalado que sin una evaluación de riesgos detallada no pueden establecer relación entre sus lesiones y su actividad laboral. “Después de tantos años queremos que esta vez [la regulación] sea la definitiva”, concluyó.
Fuente: elpais.com
