El peón trabajaba sin contrato, sin escalera homologada ni medidas de seguridad en un día de lluvia
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla juzgará al dueño y al encargado de una empresa agrícola, acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y lesiones imprudentes por la caída de un peón que recogía naranjas en un día de lluvia sin escalera homologada ni medidas de seguridad. El trabajador sufrió la fractura del húmero y de la muñeca izquierdos y reclama una indemnización total de 93.550 euros.
Los acusados son Juan Luis R.R. y Apolinar R.C., dueño y encargado respectivamente de una explotación de Dos Hermanas, que están acusados del accidente sufrido el 26 de enero de 2016 por Fouad H. cuando recolectaba naranjas subido a una escalera metálica y con un cesto a la espalda donde iba introduciendo las naranjas. Es muy posible que el juicio no se celebre y concluya con una conformidad de los acusados respecto a las penas.
Según el informe de una empresa especializada y de la Inspección de Trabajo, las causas del accidente fueron un procedimiento inadecuado y que en el momento del accidente del trabajador no contaba con ningún tipo de medidas de seguridad y no había recibido formación básica en materia preventiva.
Las escaleras carecían de garantías para evitar las caídas y la empresa no tenía personal encargado de la prevención de riesgos ni un plan preventivo.
La empresa empleaba a extranjeros sin contrato ni Seguridad Social
El escrito de la acusación particular, al que tuvo acceso este periódico, culpa del accidente a la “falta de conciencia laboral” al enviar a los trabajadores al campo con lluvia, con suelos y árboles mojados, con escaleras no homologadas ni apropiadas para trabajos en altura y sin equipos de protección individual.
Además, el trabajador no tenía contrato laboral, no estaba dado de alta en la Seguridad Social y la empresa carecía de seguro de responsabilidad civil. La acusación asegura que el empresario debía conocer estos aspectos puesto que su hija es Graduada Social y tiene abierta una asesoría laboral. Pese a ello, tenía trabajando en su finca a varios extranjeros sin contrato ni alta en el régimen correspondiente.
La acusación imputa al empresario un delito contra la seguridad de los trabajadores en concurso con otro de lesiones imprudentes, por el que pide tres años de cárcel, y otro delito contra el derecho de los trabajadores por el que solicita otros tres años. Para el encargado de la finca pide tres años por los dos primeros delitos, junto con una multa a cada uno de los acusados de 4.320 euros y el pago de una indemnización total de 93.550 euros por las lesiones, secuelas y perjuicios por pérdida de calidad de vida.
Fuente: Diariodesevilla
